En un giro significativo para el sector de la vivienda pública en España, la Generalitat Valenciana ha asumido el liderazgo nacional al convertirse en la primera autonomía en licitar un pliego de viviendas protegidas exclusivamente mediante el modelo industrializado. El anuncio, realizado durante las jornadas 'La promoción pública de la vivienda' en Valladolid, no es una mera declaración, sino un paso concreto en marcha. Más de 200 viviendas ya están siendo construidas bajo este sistema, impulsadas por el Plan Vive Dana tras la riada de octubre de 2024.
La inversión total supera los 21 millones de euros, distribuidos entre los municipios de Torrent, Albal y Utiel. Este modelo no solo acelera los plazos de construcción, sino que transforma la forma de gestionar la contratación pública. En lugar de cerrar el proyecto antes de licitar, como en el sistema tradicional, la Generalitat define necesidades y prestaciones, permitiendo que el mercado aporte soluciones tecnológicas innovadoras.
La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, ha explicado que esta lógica industrializada exige una transformación profunda de los procesos: desde la dirección facultativa hasta la financiación de módulos fabricados fuera del sitio (off-site). Entre los principales retos destacan la incorporación del industrial antes de cerrar la solución constructiva, la adaptación de la dirección facultativa a proyectos aún no definidos, y la gestión de riesgos asociados al transporte y montaje.
El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, ha defendido la necesidad de una evolución normativa que reconozca la fabricación off-site como fase de certificación y regule hitos y garantías específicos del proceso industrial. La EVHA ha implementado un modelo pionero de contratación conjunta de proyecto y obra, con tasaciones mensuales en fábrica, control independiente y aval de ejecución.
Para Martínez, la construcción industrializada no es solo otra forma de construir, sino otra forma de organizar, controlar y financiar la producción de la obra. La contratación pública, concluye, debe estar preparada para este cambio. La experiencia valenciana podría servir de ejemplo para el resto del país, aunque aún quedan desafíos en la adaptación normativa y la consolidación de la cadena de suministro.