En València, el 1% de los propietarios controla más de 16.000 viviendas, un dato que refleja una concentración sin precedentes en el mercado inmobiliario local. Según la Concejalía de Hacienda, 901 empresas y fondos de inversión, junto con 2.330 personas físicas, poseen cinco o más inmuebles, lo que suma un mínimo de 16.000 viviendas en la ciudad. Esta cifra representa el 1% de los 327.122 tenedores identificados en el padrón del IBI, según datos oficiales del Ayuntamiento. La tendencia a la concentración se ha acentuado en los últimos años: desde 2023, el número de empresas con cinco o más viviendas ha crecido un 23%, pasando de 735 a 901.
Este fenómeno se produce en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado. El precio de la vivienda usada en València ha pasado de 1.715 euros por metro cuadrado en junio de 2018 a 3.473 euros en septiembre de 2026, un aumento del 102,5%. El alquiler también se ha disparado: desde 8,4 euros por metro cuadrado al mes en 2018 hasta 16,3 euros en 2026, un incremento del 94%. Estas subidas superan ampliamente la media nacional, tanto en compraventa como en alquiler.
La oferta disponible ha colapsado: el stock de viviendas usadas en venta ha disminuido un 58,6% entre 2018 y 2026, una caída que supera el descenso medio español del 38,4%. La presión de la demanda también ha crecido exponencialmente: en compraventa, la demanda relativa ha aumentado un 361%, frente al 314% nacional. En alquiler, el incremento de la demanda relativa alcanza el 489%, por encima del 423% del conjunto de España.
El portavoz socialista Borja Sanjuan ha denunciado que esta concentración de propiedades en manos de unos pocos se traduce en precios inasumibles para familias y jóvenes. Según él, el gobierno de María José Catalá ha dejado de cobrar el recargo del IBI a grandes tenedores, a pesar de que la normativa sigue vigente y tiene plena cobertura legal. En 2022, cuando se aplicó por primera vez, se recaudó 1.500 euros; con la misma norma, se podría recaudar cerca de un millón de euros si se aplicara a todos los grandes propietarios.
El gobierno municipal ha respondido tachando de hipócrita la crítica socialista y argumentando que la falta de cobro del recargo no es una decisión política, sino una consecuencia de la falta de construcción de vivienda pública durante ocho años. En su defensa, señalan que solo han impulsado 14 viviendas públicas frente a las más de mil que ya ha desarrollado el gobierno de Catalá en este mandato. Aunque reconocen que el 1% de los propietarios representa una proporción muy reducida del total, insisten en que la normativa fiscal mantiene la misma redacción que cuando gobernaban Compromís y PSPV.