Un grupo de directivos de empresas públicas de vivienda de País Vasco, Navarra y Melilla ha viajado a València para estudiar de primera mano el modelo pionero de contratación industrializada desarrollado por la Generalitat. El encuentro, organizado por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), se centró en cómo adaptar la edificación modular a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) sin sacrificar garantías ni calidad.
La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, explicó que la industrialización no es solo un cambio de técnica constructiva, sino una transformación profunda del proceso productivo. Desde la localización de la obra hasta el control de fases, la certificación y la gestión de riesgos, todo se reconfigura. El modelo permite licitar proyectos en un plazo global de 12 meses: 12 semanas para el proyecto y 9 meses para la ejecución, como en los casos de Silla y Carcaixent.
El sistema se basa en cuatro claves clave. En primer lugar, la licitación conjunta de proyecto y obra garantiza neutralidad tecnológica, permitiendo competir soluciones en madera, acero o hormigón (2D y 3D), mientras la administración fija solo los requerimientos funcionales, urbanísticos y un mínimo de industrialización en estructura y fachada. En segundo lugar, los pliegos priorizan la calidad técnica y los plazos de ejecución sobre el precio. En tercer lugar, se separan los lotes de proyecto y dirección facultativa para asegurar la independencia del control. La dirección debe desplazarse a las fábricas para supervisar la producción, transporte y montaje en obra.
Otro pilar del sistema es el pago por hitos: se abona por unidades terminadas en taller, condicionado a una tasación presencial por parte de la dirección facultativa. Además, el contratista debe aportar un aval bancario de ejecución que se retiene como garantía pública hasta el ensamblaje final. Por último, el pliego protege los honorarios del proyecto, fijándolos sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) licitado, evitando que la competencia económica reduzca la calidad del diseño.
Martínez destacó que el sistema fue construido desde cero para adaptarse a la realidad de la construcción industrializada. «No hemos rebajado garantías, las hemos adaptado a otra forma de producir la obra», afirmó. Considera que el sector público necesita un desarrollo normativo actualizado que reconozca expresamente las peculiaridades de la fabricación off-site, como su control, valoración, pago y garantías. El modelo ya está siendo estudiado para su exportación a otros territorios, donde la demanda de vivienda protegida crece aceleradamente.
La sesión técnica incluyó intervenciones del jefe del Servicio de Promoción y Conservación de la EVHA, Carlos Llopis, quien detalló el contenido técnico de los pliegos, y la directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Begoña Serrano, quien presentó el sello de industrialización de vivienda de la Generalitat, un reconocimiento que avala la calidad y eficiencia de los proyectos certificados.