La renovación de los autobuses urbanos de Alicante ha reducido casi a la mitad la antigüedad media de la flota, pero el Ayuntamiento todavía no acredita de forma sistemática qué resultados producen sus inversiones en movilidad. Es la doble conclusión que deja para la ciudad el informe del Tribunal de Cuentas publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado.
El documento cifra en 22,4 millones de euros las actuaciones ejecutadas en 2023 y 2024 para hacer más sostenible el transporte colectivo alicantino. La partida incluye 23 autobuses eléctricos accesibles y sus puntos de recarga, el aumento hasta 25 vehículos híbridos, nuevas marquesinas, paneles con tiempos de espera, pagos mediante móvil y el transporte a demanda para las partidas rurales.
Ese esfuerzo rebajó la edad media de los vehículos de 12,23 años al cierre de 2022 a 6,81 años dos ejercicios después. El Tribunal también constata una extensión de la red y más viajeros, en un periodo marcado tanto por la recuperación posterior a la pandemia como por los descuentos tarifarios y el crecimiento de la población.
La inversión avanza más rápido que su evaluación
El reparo principal no está en la modernización de la flota, sino en cómo se comprueba después su eficacia. Alicante incluyó indicadores en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero no realizó el seguimiento posterior que permitiría saber si las medidas alcanzaron sus objetivos y corregirlas cuando fuera necesario. El plan, además, es anterior a la Ley de cambio climático y no ha sido adaptado todavía a sus exigencias mínimas.
La fiscalización señala otra ausencia: Alicante era el único de los nueve grandes ayuntamientos examinados que no contaba con un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. También detectó que no se habían publicado en el portal municipal los últimos informes emitidos por órganos externos de control.
Contratos bajo vigilancia
La resolución de las Cortes que acompaña al informe insta expresamente a Alicante a incorporar salvaguardas en los contratos para asegurar que los proveedores entreguen los vehículos en plazo. Junto con otras seis ciudades, también le pide más rigor al planificar, adjudicar y supervisar contratos, con el fin de evitar demoras, ampliaciones de plazo, sobrecostes, suspensiones o indemnizaciones.
El balance no invalida la transformación ya realizada. Al contrario, reconoce que la electrificación, la accesibilidad y la información al viajero han mejorado respecto a 2022. La cuestión pendiente es pasar de enumerar actuaciones a medir efectos: tiempos de viaje, uso real de las líneas, reducción de emisiones, fiabilidad de las frecuencias y adecuación del servicio a los barrios y partidas rurales.
La próxima referencia verificable será la respuesta del Ayuntamiento a las recomendaciones: la actualización del plan de movilidad, la publicación de indicadores con resultados y la introducción de controles contractuales más precisos. Ahí podrá comprobarse si los 22,4 millones han cambiado solo la flota o también la calidad cotidiana del servicio.