La familia de Rudolf, compuesta por él, su esposa, dos hijas menores y su madre de 75 años enferma, fue desalojada este lunes de su vivienda en la calle Cavite del barrio de la Malvarrosa de Valencia. El desahucio se ejecutó tras dos intentos previos en octubre y noviembre que fueron frenados gracias a la mediación de entidades defensoras del derecho a la vivienda. La policía desplegó un dispositivo a las 6:30 horas para impedir la acción del Sindicat d'Habitatge, que había convocado una concentración para intentar paralizar la salida de la familia.
El núcleo familiar contaba con dos informes de vulnerabilidad emitidos por la oficina de Servicios Sociales de la Malvarrosa del Ayuntamiento de València. Estos documentos habilitaban la aplicación del decreto ley que prohíbe ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial. Sin embargo, el juez Juan Francisco Mejías Gómez no aceptó dichos informes y procedió al desalojo. Rudolf explicó que el magistrado le negó un poco más de tiempo para sacar sus enseres, que ya había trasladado parcialmente a un trastero el domingo anterior.
El portavoz del Sindicat d'Habitatge, Esteban Arellano, criticó la decisión judicial y el plazo otorgado. El juez solo concedió cuatro días en el último aplazamiento para gestionar alternativas habitacionales, una cifra que Arellano consideró insuficiente en comparación con los diez días habituales. La entidad intentó interceptar a la comitiva judicial para entregar los informes, pero el fuerte cordón policial lo impidió. Arellano señaló que el Real Decreto ley tiene huecos que permiten al juez obviar las pruebas de vulnerabilidad.
Ante la situación, la familia ha acudido a Servicios Sociales para gestionar una alternativa. El máximo que pueden obtener a corto plazo es un albergue temporal. Rudolf ha reivindicado la necesidad de una vivienda asequible, de entre 450 y 500 euros, para poder vivir con su madre y sus hijas. La familia deberá dormir en el coche mientras busca una solución habitacional estable.