Un juzgado de Alicante ha citado a declarar como investigados a nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord, además del portavoz de Esquerra Unida Podem en el consistorio, Manolo Copé. La comparecencia está fijada para el próximo 17 de diciembre en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. El procedimiento se origina en una protesta realizada el 16 de julio de 2025 en la calle Benilloba, del barrio de Nou Alacant, con el objetivo de impedir el desahucio de un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa habitacional.
Los sindicatos han informado que la pareja, identificada como Roberto y Fanny, llevaba 25 años viviendo en el inmueble. Tras entregar la vivienda al banco en dación en pago durante la crisis económica, permanecieron en ella con un alquiler social hasta que el piso fue vendido a un inversor extranjero. La transmisión se produjo con la pareja todavía dentro de la casa, lo que motivó la movilización de más de medio centenar de personas. Los manifestantes formaron una cadena humana frente al portal y atrancaron la entrada con electrodomésticos para bloquear el lanzamiento.
La intervención policial se prolongó durante más de media hora, con la presencia de tres furgones de la Policía Nacional. Tras romper la cadena humana, los agentes utilizaron un ariete para abrir la puerta y permitir el acceso de la comisión judicial. El desalojo se consumó a pesar de la resistencia, y el matrimonio contempló la operación entre lágrimas desde el balcón, donde colgaba una pancarta que rezaba "De este bloque no nos vamos". El hijo de la pareja explicó entonces que sus padres no podían afrontar un alquiler de mil euros mensuales.
Ante las citaciones judiciales, los colectivos han rechazado que su intervención tenga consecuencias penales. Manolo Copé ha insistido en que la resistencia fue pacífica y que defender a quienes sufren un desahucio no debería convertirse en un problema judicial. La coordinadora local de Esquerra Unida, Lucía Ibáñez, ha criticado que las personas que se movilizan contra los desahucios terminen teniendo que responder ante los tribunales mientras continúa sin garantizarse el acceso a una vivienda digna. Ambos han reclamado que se esclarezcan las actuaciones policiales, denunciando un uso desproporcionado de la fuerza y la falta de identificación de numerosos agentes durante el operativo.