El Ayuntamiento de Elche ha intensificado su lucha contra las campas de vehículos no autorizadas con la intervención de dos instalaciones en las pedanías de Saladas y El Altet. Estas dos superficies, que suman 10.000 metros cuadrados, contienen aproximadamente 500 coches estacionados. La actuación municipal ha sido contundente en uno de los puntos: la campa más grande, con más de 300 vehículos, ha sido clausurada oficialmente. Los responsables de la actividad disponen de un plazo estricto de quince días para vaciar el recinto. Durante este periodo, está terminantemente prohibido continuar con cualquier operación comercial o recibir nuevos coches, ya que el único objetivo es el desalojo total de los vehículos existentes.
La situación es distinta en la segunda campa, de menor tamaño, situada en una propiedad privada vinculada a una vivienda particular. En este caso, el Ayuntamiento notificó la actuación a los titulares, pero se encontró con la negativa de los propietarios a permitir el acceso a los agentes de la Policía Local. Ante este bloqueo, los servicios municipales han decidido verificar la información sobre la presencia de coches y procederán a las actuaciones necesarias a través de los canales jurídicos correspondientes.
Estas intervenciones forman parte de un dispositivo de inspección y control más amplio, centrado especialmente en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El objetivo es frenar la proliferación de instalaciones que no cumplen con la normativa vigente. Desde que la Junta de Gobierno Local aprobara una moción el pasado 23 de abril para impedir la apertura de nuevas campas de aparcamiento en la zona, el Ayuntamiento ha multiplicado sus esfuerzos de vigilancia.
Los datos del dispositivo son contundentes: desde abril y mayo se han inspeccionado más de 100 campas, con más de 50 inspecciones realizadas por agentes de la Policía Local. Además, desde el 4 de junio se han emitido 46 requerimientos de regularización a los titulares de estas actividades. Con estas últimas actuaciones, el balance municipal asciende a cuatro campas clausuradas y los trámites iniciados para solicitar autorización judicial para clausurar una quinta. En total, las instalaciones afectadas por estas medidas albergan o han albergado más de 4.000 vehículos.