El Ayuntamiento de Alicante se encuentra en pleno debate tras la solicitud de un pleno extraordinario y urgente por parte de los tres grupos de izquierda del consistorio: PSPV, Compromís y EU-Podem. La petición surge tras la revelación de que la exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, declaró en el juzgado que en 2022 informó al vicealcalde Manuel Villar de que sus hijos estaban inscritos en la cooperativa que gestionó el residencial Les Naus, y que finalmente resultaron beneficiarios de viviendas de protección pública (VPP).
La portavoz del PSPV, Trini Amorós, ha exigido la dimisión de Villar, argumentando que sabía desde 2022 sobre el reparto de pisos entre familiares de cargos del PP. Según Amorós, Villar debe explicar qué hizo con esa información, a quién se lo comunicó y qué medidas tomó. La situación, según la edil, es insostenible: "Todos lo sabían y todos guardaron silencio. No hicieron nada mientras se repartían los pisos públicos entre amigachos del PP".
Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas ha insistido en que Villar, como responsable político de Contratación, tenía conocimiento de las irregularidades. Mas ha cuestionado qué sabía, desde cuándo lo sabía, a quién informó y por qué no reforzó los controles ni apartó a Pérez-Hickman, quien fue nombrada directora general tras la revelación. "Señor Villar: diríjase a los juzgados y declare voluntariamente", ha exigido.
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha denunciado una "red de contradicciones" entre las versiones oficiales y las informaciones periodísticas. Considera que el cierre de la comisión municipal no puede servir de escudo para el silencio del vicealcalde. "El señor Villar ya no puede escudarse en el cierre en falso de la comisión municipal", ha subrayado. Copé ha advertido que si el equipo de gobierno no convoca el pleno, su grupo solicitará formalmente la convocatoria.
La solicitud de pleno se produce tres días después del cierre de la comisión de investigación sobre Les Naus, en la que Villar y otros concejales se negaron a comparecer. Aunque el pleno extraordinario está previsto para este jueves, tras el debate del estado de la ciudad, su convocatoria no está asegurada. La presión sobre el equipo de gobierno del PP se intensifica, con la exigencia de transparencia y la demanda de que las viviendas adjudicadas irregularmente vuelvan a cumplir su función social.