El 5 de octubre de 2026, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuària de València (APV) dio el pistoletazo de salida a un nuevo capítulo en la transformación del puerto valenciano: la activación de la cuenta atrás del Parque de Desembocadura. Tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de València, el proyecto que promete convertir una zona industrial en un espacio verde para la ciudad ya no está en fase de planificación, sino en la de ejecución inminente. El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables otros cuatro, establece una financiación mixta de 31,8 millones de euros, con 16,2 millones aportados por la APV y 15,6 millones por el Ayuntamiento. Esta inversión se destinará a obras dentro y fuera de la zona de servicio del puerto, con una clara división de responsabilidades: la APV se encargará de licitar, adjudicar y ejecutar las obras en terrenos portuarios, mientras que el Ayuntamiento asumirá la redacción, supervisión y ejecución de las actuaciones de ajardinamiento, renaturalización y urbanización externas. Además, la APV pondrá a disposición del Ayuntamiento los terrenos de la zona de servicio para que puedan acceder tanto ciudadanos como personal municipal de mantenimiento, limpieza y seguridad. El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a garantizar el mantenimiento del parque tras su apertura, incluyendo la gestión de la lámina de agua desde el Puente de Astilleros hasta el nuevo punto de encauzamiento cubierto. Este convenio no es un aislado: en la misma reunión, el Consejo aprobó la suspensión parcial de la concesión a València North Terminal (VNT), con el fin de alinear el proyecto constructivo de la terminal marítima de contenedores con las obras del parque. La decisión responde a circunstancias técnicas y de complejidad en la ejecución de las obras, que impiden el inicio ordenado de las actuaciones en las zonas aún no disponibles. Aunque la suspensión no altera la duración de la concesión ni otorga prórrogas, sí modula temporalmente los efectos del título respecto a las superficies que aún no pueden ser utilizadas. Paralelamente, se ampliaron plazos parciales para la construcción del muelle de contenedores: el plazo para la primera fase se extendió hasta el 17 de julio de 2027, y el de la segunda hasta el 17 de julio de 2028, manteniéndose el plazo final total en agosto de 2029. En otro frente, se ratificó una adenda para la Terminal Intermodal y Logística de València Font de Sant Lluís, que eleva la inversión a 37,4 millones de euros, con la creación de un órgano interadministrativo de cooperación entre la APV y ADIF para supervisar la gestión de la terminal. En Gandia, también se aprobó una adenda al convenio con el Ayuntamiento para licitar el proyecto de urbanización del entorno de los tinglados fruteros, con un presupuesto base de 6,8 millones de euros (8,2 millones con IVA), que incluirá 1.894 metros cuadrados de zonas ajardinadas y 78 plazas de estacionamiento. El Ayuntamiento de Gandia asumirá el mantenimiento de estos espacios una vez pasen a ser de uso ciudadano. Estas decisiones muestran una estrategia integral de desarrollo portuario y urbano, donde la integración ciudad-portuaria se convierte en eje central de la transformación de València.