Carlos Mazón volvió este lunes a la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, pero dejó sin responder la mayor parte de las preguntas sobre aquella tarde. En su segunda comparecencia ante este órgano, el expresident sí negó que se pusiera al frente de la emergencia cuando llegó al Cecopi pasadas las ocho, una precisión que no aporta una cronología nueva de las decisiones previas al envío del ES-Alert de las 20.11.
Mazón justificó su silencio por la instrucción penal que continúa en Catarroja y sostuvo que los tribunales ya habían descartado su responsabilidad. La sesión parlamentaria terminó así sin un relato adicional sobre la información que recibió, las comunicaciones que mantuvo o su intervención antes de llegar al centro de coordinación. La crónica de EFE recoge que solo intervino en momentos concretos y se remitió a su posición inicial.
El auto del TSJCV no cerró el debate político
La resolución judicial a la que apeló Mazón necesita una lectura más precisa que la palabra «exoneración». El pleno de la Sala Civil y Penal del TSJCV rechazó en marzo abrir una investigación contra él porque no vio en la exposición razonada un fundamento sólido y objetivo de que los hechos descritos fueran delito. El propio resumen oficial del Poder Judicial subrayó que el tribunal examinaba una posible responsabilidad penal, no la moral o política.
Esa decisión tampoco convirtió el auto en una sentencia sobre toda la gestión de la emergencia. La causa de Catarroja sigue abierta y mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Este último compareció después de Mazón y también rechazó contestar para no comprometer su defensa, según informó Radio Valencia.
La comisión desplaza las respuestas al 28 de septiembre
El silencio de los dos comparecientes impide que esta sesión fije quién conocía cada aviso y qué margen de decisión tuvo en las horas críticas. También deja separados dos planos: los tribunales determinan si existen responsabilidades penales, mientras que la comisión examina la actuación de los cargos públicos y puede formular conclusiones y propuestas.
La próxima referencia verificable llegará el 28 de septiembre. El Congreso ha citado de nuevo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y a Salomé Pradas. Sus respuestas, y la documentación que incorpore la comisión, permitirán comprobar si cambia la secuencia conocida. Hasta entonces, la novedad de la segunda comparecencia de Mazón es limitada pero concreta: sostuvo que no dirigió la emergencia al entrar en el Cecopi y evitó explicar el resto de su actuación.