El Ayuntamiento de Castellón podrá intervenir en determinadas compraventas de vivienda protegida y adquirir el inmueble en las mismas condiciones pactadas con un comprador privado. La Junta de Gobierno Local aprobó el 10 de septiembre el convenio que le cede los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat. La medida abre una vía para ampliar el parque municipal, aunque no incorpora por sí sola ninguna vivienda.
El acuerdo municipal culmina un paso anunciado meses antes. En marzo, el Consell autorizó la firma de convenios con Castellón y Alicante. La información publicada entonces fijaba cuatro años de vigencia, prorrogables por otros cuatro, y establecía que los inmuebles comprados quedarían integrados en el patrimonio público municipal con protección permanente.
Una opción de compra, no una adquisición automática
El tanteo permite a la Administración adelantarse a una venta e igualar el precio y las condiciones comunicadas. El retracto actúa después de la transmisión cuando concurren los supuestos legales. La información vigente de la Generalitat señala, para el retracto, un plazo general de 60 días naturales desde la recepción de una notificación correctamente formulada.
La cesión al Ayuntamiento no obliga a comprar todas las viviendas afectadas. Cada operación exigirá valorar el inmueble, decidir si interesa al parque público y disponer del dinero para pagar. Si el Consistorio renuncia a una operación concreta, deberá comunicárselo a la Generalitat, que podrá recuperar la posibilidad de actuar sobre ese inmueble.
Radio Castellón explica que la herramienta se aplica a viviendas de protección pública ubicadas en el término municipal. No debe confundirse con un derecho general sobre cualquier piso que se venda en la ciudad ni con una limitación nueva para toda la vivienda privada.
El efecto se medirá en compras concretas
El convenio también prevé que el Ayuntamiento informe sobre la evolución y el cierre de los procedimientos iniciados y que una comisión de seguimiento supervise su ejecución. Esas obligaciones permitirán saber si la cesión se traduce realmente en más vivienda disponible.
La primera adquisición, su precio, el destino del inmueble y el criterio usado para adjudicarlo serán la prueba del alcance de la medida. Hasta entonces, el acuerdo amplía la capacidad jurídica del Ayuntamiento, pero no permite contar nuevas viviendas dentro del parque municipal.
Ilustración editorial original sobre el derecho municipal de adquisición preferente de vivienda protegida. Imagen conceptual generada con IA; no representa un edificio ni una operación real.