El Consell Valenciano ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a personarse como acusación popular en el caso del asesinato de Meriane F.D.O., ocurrido en Benidorm durante el pasado mes de septiembre. Esta decisión institucional responde a la normativa autonómica vigente en materia de igualdad y lucha contra la violencia sobre la mujer, que obliga a los poderes públicos a actuar de manera activa ante estos crímenes.
La actuación de la Generalitat se enmarca en el artículo 58 de la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana (7/2012), que establece la obligación de ejercer la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte. Además, el artículo 36 de la Ley 9/2003, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, permite a la conselleria competente proponer al Consell el ejercicio de esta acción a través de la Abogacía General o de abogados colegiados en supuestos de agresiones físicas que causen la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.
El objetivo de esta actuación institucional es aunar esfuerzos y visibilizar el rechazo social a los actos de violencia sobre la mujer, especialmente en aquellas situaciones en las que se produzca la muerte de una mujer o de sus hijos e hijas. La Generalitat ha reiterado que la violencia sobre la mujer constituye un problema social de interés general que requiere una respuesta activa de las instituciones para lograr su plena erradicación. La decisión del Consell se aprobó tras la propuesta de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que ha impulsado esta medida para garantizar la presencia institucional en el proceso judicial.
En relación con los hechos, la pareja de Meriane fue detenida como presunto autor del crimen y se encuentra en prisión provisional. Junto a él, fueron detenidos otros dos hombres que supuestamente le ayudaron a deshacerse del cadáver, aunque posteriormente denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional. Estos dos implicados han quedado en libertad con cargos por encubrimiento. El caso sigue su curso judicial con la personación de la Generalitat como acusación popular, lo que permitirá a la administración valenciana ejercer sus derechos procesales y velar por el cumplimiento de la normativa de protección a las víctimas de violencia machista.