Alicante experimenta una transformación paradoxal en su sector de alojamiento vacacional. Las medidas restrictivas municipales y autonómicas han reducido la oferta de plazas turísticas, pero los establecimientos que mantienen su actividad registran mejores indicadores de ocupación e ingresos. Sin embargo, el Observatorio Winahost sitúa a la ciudad como la quinta en España con mayor crecimiento de ingresos potenciales, alcanzando los 23.500 euros brutos anuales, un 18,3 % más que en 2025. La ocupación ha subido tres puntos porcentuales hasta el 70,3 % de las noches disponibles, con una tarifa media de 108 euros por noche, una de las más bajas entre las veinte ciudades analizadas.
Este escenario económico plantea un debate sobre si las restricciones están logrando reducir la presión del turismo o si, por el contrario, benefician a los propietarios que siguen operando al disminuir la competencia. La reducción de la oferta no es un fenómeno aislado, sino el resultado de políticas municipales y autonómicas que han endurecido las condiciones para incorporar nuevas viviendas al mercado. En diciembre de 2024, el Ayuntamiento aprobó una moratoria de dos años para suspender licencias de viviendas turísticas en edificios residenciales, medida que en julio de 2025 se amplió a bloques completos, pensiones y albergues. Además, el consistorio ha asumido competencias para perseguir alojamientos que incumplen la normativa, abriendo 57 expedientes de investigación, 26 sancionadores y nueve suspensiones de actividad en septiembre de 2026.
A pesar de estas restricciones, la proliferación de nuevos alojamientos continúa, un fenómeno atribuido al colapso en la Concejalía de Urbanismo. Empresarios del sector señalan que es imposible abrir un nuevo bloque desde cero, por lo que las iniciativas que ven la luz son proyectos que iniciaron la tramitación antes de la moratoria y llevan meses o años esperando licencia. El plazo para obtener licencia de obra mayor puede oscilar entre seis meses y dos años, o alargarse más si hay problemas enquistados.
Para agilizar la situación, el Ayuntamiento ha anunciado un plan de choque con refuerzo de personal y dos contratos externos: uno de 102.850 euros para asesoramiento y simplificación de procedimientos, y otro de cerca de 700.000 euros para estudios técnicos vinculados a expedientes de planeamiento. Sin embargo, fuentes de Urbanismo indican que este plan no ha reducido los plazos de tramitación debido al trabajo acumulado. El Colegio de Arquitectos ha creado "DenunciARQ" para comunicar incidencias con las administraciones públicas, buscando identificar obstáculos recurrentes y plantear actuaciones ante los responsables municipales.