Los manifestantes, que también se concentraron ante el consistorio, aseguraron que el proyecto aumentaría la población en un diez por ciento sin garantizar servicios públicos suficientes, y criticaron que el Ayuntamiento renuncie a su papel de agente urbanizador.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, justificó la iniciativa destacando la reserva de viviendas para alquiler asequible. Vox, por su parte, criticó la parálisis inmobiliaria del pasado y abogó por la construcción de vivienda para garantizar el acceso de las familias.
Un frente adicional del debate surgió con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de una propuesta para solicitar a la Generalitat Valenciana que impida la inscripción de alojamientos turísticos en edificios residenciales donde las comunidades de propietarios hayan prohibido expresamente estas actividades. La iniciativa, presentada por Juan Giner, busca ampliar el veto vecinal más allá de las viviendas de uso turístico (VUT), incluyendo establecimientos hoteleros y conjuntos de apartamentos. El objetivo es proteger el uso residencial y evitar que la implantación de negocios turísticos se produzca contra la voluntad de los vecinos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) respaldan la urgencia del debate: en el último año se han creado 16.500 hogares en Valencia, mientras que solo se han construido 8.500 viviendas. Esta discrepancia empuja a los compradores hacia el mercado de segunda mano, donde los precios se han disparado. La sesión también abordó la declaración de Valencia como zona de mercado residencial tensionado, una medida para limitar los precios del alquiler y prevenir los desahucios.