Joan Romero, catedrático emérito de la Universitat de València, ha expuesto este martes en la Facultad de Economía las bases de un proyecto de plan director para el área metropolitana de la ciudad. Esta iniciativa, que se formalizará oficialmente el próximo 18 de diciembre, surge tras un acuerdo entre el consistorio y la universidad y abarca un territorio compuesto por 78 municipios. El experto subraya que esta delimitación supera la anterior configuración del Consell Metropolità de l'Horta, formada por 45 entidades, para adaptarse a la realidad demográfica y económica actual de la región.
La propuesta contempla la construcción de 70.000 viviendas en suelos ya clasificados como residenciales dentro de este ámbito territorial. Romero argumenta que la metrópoli valenciana, que concentra casi dos millones de personas y una parte significativa de la actividad empresarial provincial, sufre una descoordinación administrativa insostenible. Esta falta de coherencia entre los distintos niveles de gobierno resta eficacia y eficiencia a las políticas públicas, generando un desajuste entre los procesos reales y las estructuras administrativas vigentes.
A diferencia de la situación en España, donde la gestión metropolitana es limitada y se considera una anomalía en el contexto europeo, otros países como Francia, Alemania o Italia cuentan con modelos de coordinación consolidados. El académico señala que la desconfianza y la resistencia a ceder competencias por parte de las administraciones local, autonómica y nacional impiden la cooperación necesaria. Esta fragmentación obstaculiza la planificación estratégica y provoca que las respuestas a crisis, como la reconstrucción tras la DANA, se aborden de forma unilateral y sin una visión de medio plazo.
Para corregir esta situación, Romero reclama la creación de un Plan Director Metropolitano vinculante, basado en diagnósticos robustos y datos fiables. Este instrumento debería delimitar el Área Urbana Integrada y abordar aspectos cruciales como la ordenación del territorio, la vivienda, la movilidad y la gestión de emergencias. Además, debe integrar criterios de protección ambiental, incluyendo la huerta y la Albufera, así como la seguridad frente a riesgos de inundación y la gestión de suministros críticos, todo ello con la participación ciudadana como eje transversal.