La jueza Consuelo Martínez Molina ha paralizado el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores en Alicante, aplicando por primera vez el nuevo decreto de vivienda del Gobierno. La magistrada del Juzgado de Instancia número dos de Alicante ha suspendido el procedimiento hasta el 31 de diciembre de 2030, tras valorar la situación de vulnerabilidad económica de la familia y la ausencia de alternativas habitacionales.
La resolución judicial se basa en los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 29/2026. Además, el Ayuntamiento de Alicante había emitido un informe que acreditaba la falta de vivienda alternativa para la unidad familiar. La jueza ha descartado fijar una compensación económica a favor del propietario, al no tratarse de una entidad dedicada al alquiler social o asequible.
La familia reside en la vivienda desde 2014, tras acceder a ella mediante un contrato de alquiler social vinculado inicialmente al Banco Sabadell. El inmueble pasó posteriormente a Promontoria, fondo vinculado a Cerberus, que no renovó el contrato e inició el desahucio. Los sindicatos de vivienda señalan que la familia espera una ayuda social de emergencia del consistorio para mantener su estabilidad durante la suspensión.
El decreto se aprobó tras la movilización social por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. La medida no es irreversible, ya que el juzgado establecerá revisiones anuales para comprobar si persisten las condiciones que motivaron la suspensión. La familia ha convocado movilizaciones para intentar frenar el desalojo, que finalmente se ha paralizado gracias a la aplicación de esta nueva herramienta legal.