La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado un paso definitivo hacia el cierre judicial del caso por el incendio del edificio de Campanar, ocurrido el 22 de febrero de 2024. Los magistrados han confirmado la decisión del juez instructor de denegar la reapertura de las pesquisas, manteniendo así el sobreseimiento provisional de la causa. Los recurrentes argumentaban que un informe pericial elaborado por una especialista en seguridad contra incendios constituía una prueba nueva y suficiente para practicar más investigaciones.
Sin embargo, el tribunal ha desestimado este argumento al considerar que el dictamen solo ofrece una valoración técnica alternativa sobre materiales ya analizados en el procedimiento. La Sala ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo distingue claramente entre una prueba nueva y una nueva valoración de la prueba ya existente, siendo solo la primera apta para justificar la reapertura de una causa archivada. Además, los magistrados han destacado la exhaustividad de la investigación desarrollada por el juez instructor, que abordó pormenorizadamente las circunstancias del incendio, los materiales empleados, la normativa aplicable y la intervención de todos los agentes implicados en la construcción y autorización del edificio.
Esta labor permitió tanto al juzgado como a la Audiencia determinar que no existían indicios racionales de responsabilidad penal y que las diligencias practicadas eran suficientes para adoptar una decisión fundada. La resolución más reciente, fechada el 5 de noviembre, es uno de los tres autos dictados por la Sección Cuarta desde septiembre para desestimar otros tantos recursos de apelación. En otro de los autos, fechado el 6 de octubre, los magistrados advirtieron que aceptar lo contrario convertiría el sobreseimiento provisional en una resolución permanentemente revisable y comprometería los principios de seguridad jurídica y la prohibición de investigaciones prospectivas.
La decisión se suma al recorrido judicial de una causa que ya había atravesado distintas fases, incluyendo una anterior reabertura que permitió esclarecer las circunstancias del siniestro. El tribunal también ha reconocido que la normativa que autorizó el material del revestimiento de la fachada no fue acertada, abriendo la puerta a una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración.