El edil de Compromís, Pere Fuset, ha cuestionado públicamente la estrategia del equipo de gobierno municipal respecto a la pirotecnia recreativa durante las próximas Fallas. La alcaldesa, María José Catalá, ha destacado como medida principal la restricción del uso de petardos en cinco áreas verdes concretas. Sin embargo, el portavoz valencianista señala que esta información resulta engañosa. La normativa municipal vigente, concretamente el artículo 26 de la Ordenanza de Parques y Jardines, establece una prohibición absoluta de materiales pirotécnicos en cualquier zona ajardinada de la capital.
Según los datos oficiales del Plan Verde, la ciudad cuenta con 594 hectáreas de espacios verdes, distribuidas en 470 ubicaciones distintas. La cifra de cinco parques mencionada por la alcaldía representa apenas el uno por ciento de la superficie total. Fuset ha destacado que esta comunicación envía un mensaje contradictorio a la ciudadanía, sugiriendo implícitamente que el resto de áreas sí permiten su uso. El edil ha citado ejemplos concretos como el parque del Muvim o tramos del Jardí del Túria, donde se han registrado incidentes recientes.
Compromís considera que esta comunicación es irresponsable y califica la iniciativa de anuncio falso. Recuerdan que en ediciones anteriores, el Bando Fallero ya hacía referencia a esta prohibición general. Lo que antes era una norma ciudadana, ahora se presenta como un logro exclusivo de cinco espacios. Desde la formación valencianista reconocen que la gestión de la pirotecnia requiere un esfuerzo educativo prolongado y consensos políticos. Tras las Fallas de 2026, las denuncias por mal uso de petardos aumentaron un 351 por ciento.
En marzo, Compromís logró aprobar una moción urgente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Este acuerdo instaba a actualizar las normativas, reforzar la vigilancia en puntos críticos y señalizar claramente las zonas de prohibición para 2027. Fuset ha subrayado que sin cambios en las ordenanzas, el Bando Fallero no puede establecer nuevas multas. Por ello, exige que el gobierno municipal se centre en cumplir lo acordado, señalizando y vigilando los más de 300 espacios donde ya rige la prohibición.