El Ayuntamiento de Valencia ha reconocido que 787 familias con informe de vulnerabilidad de los Centros Municipales de Servicios Sociales han recibido una orden de desahucio en el último año. Esta cifra, aportada por el consistorio en respuesta a una pregunta de la concejala de Compromís, Lucía Beamud, refleja la situación de hogares que ya han sido identificados como vulnerables por los servicios sociales antes de recibir la orden de lanzamiento judicial. Sin embargo, Beamud advierte que la realidad es mucho más grave, ya que muchas personas en situación límite no solicitan este informe por miedo a represalias o por desconocimiento de los recursos disponibles.
La edil de Compromís ha vinculado esta crisis de vivienda con el cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, un servicio impulsado durante el mandato de Joan Ribó que fue suprimido por el gobierno municipal hace un año. Esta oficina era la única puerta a la que podían llamar las familias amenazadas de desahucio para recibir asesoramiento y acompañamiento. Tras su cierre, las familias que tenían expedientes en marcha se han quedado sin apoyo específico, lo que ha agravado su situación de desamparo.
Beamud ha destacado que el precio de la vivienda es uno de los factores que más empuja a las familias hacia la pobreza. Según el informe AROPE de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Comunitat Valenciana es la quinta autonomía con más riesgo de vulnerabilidad en España, con un 30,7% de la población en riesgo. Además, es la que presenta peores resultados en pobreza severa y desigualdad. La concejala ha acusado al gobierno municipal de no ofrecer alternativas habitacionales efectivas a las familias que pierden su vivienda y de haber cerrado la puerta a medidas para frenar la subida de los alquileres.