El análisis, encargado al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València, demuestra que solo 12 de los 74 municipios afectados por la riada contaban con su plan general adaptado a las directrices autonómicas de prevención.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Vicente Martínez Mus, junto al director del IIAMA, Félix Francés, presentaron estos datos en el IVAM de Valencia. El estudio detalló que, de los 74 municipios analizados, 31 habían implementado parcialmente las medidas de protección frente a inundaciones, mientras que en otros 31 no se encontraron evidencias de que se hubieran integrado las premisas del Patricova. Aunque el técnico reconoció que algunos ayuntamientos podrían haber realizado ajustes no detectables, su grado de aplicación se calificó como escaso.
La nueva versión del Patricova incrementa la peligrosidad en un 60 % respecto a las ediciones de 2003 y 2015. El territorio susceptible de inundación pasa de 27.162 a 43.779 hectáreas. Las zonas con mayor variación son l'Horta Sud, donde la superficie inundable crece un 125,7 %, y el Bajo Turia, con un aumento del 82,4 %.
Para mitigar estos riesgos, los técnicos del IIAMA han calculado que se necesitan 23 actuaciones de infraestructuras hidráulicas en l'Horta Sud, 13 en el Bajo Magro y 10 en el Bajo Turia. La inversión total estimada para reducir la peligrosidad asciende a 1.428,35 millones de euros. El Patricova, instrumento de ordenación aprobado en 2003 y revisado en 2015, requiere actualizaciones cada diez años para mantenerse al día con la realidad hidrológica del territorio.