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Los manifestantes por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia han decidido mantener su protesta durante las celebraciones del 9 de Octubre. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, liderada por Pilar Bernabé, ha descartado el desalojo inmediato de la acampada debido a las condiciones de seguridad actuales. La presencia de más de 300 tiendas y centenares de personas dificulta una intervención policial sin riesgos. Los participantes han expresado su voluntad de permanecer en el lugar durante la festividad, considerándolo un ejercicio legítimo del derecho de reunión. No obstante, han acordado reorganizar y mover las tiendas para no entorpecer los actos institucionales, especialmente la Procesión Cívica y la mascletà. La Delegación del Gobierno ha solicitado este desplazamiento para permitir el desarrollo normal de los eventos. Como contrapartida, se ha ofrecido un cordón policial para proteger a los acampados, especialmente ante la manifestación prevista del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional. Los manifestantes, que suman alrededor de 1.300 personas, mantienen el carácter indefinido de la protesta hasta lograr sus reivindicaciones. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno para blindar los actos del 9 de Octubre, aunque ha evitado pedir explícitamente el desalojo de la plaza. La Policía Nacional y la Policía Local están elaborando un dispositivo de seguridad coordinado para gestionar la convivencia entre la acampada y los actos festivos. Los acampados han destacado la buena disposición mostrada para tratar de compatibilizar la movilización con la celebración del 9 de Octubre. La protesta se enmarca en una reivindicación histórica contra el negocio con la vivienda y el acceso a la misma.