
La Plaza del Ayuntamiento de Valencia se transformó en un bastión defensivo este jueves por la tarde. La Acampada por el derecho a la vivienda, que ya ocupa buena parte del espacio público con más de quinientas tiendas, rodeó sus instalaciones con un cordón humano para evitar cualquier intento de desalojo. La medida de seguridad respondía a una convocatoria de la organización de extrema derecha Patriam, que había difundido en redes sociales un llamamiento para "desalojar" la plaza. La tensión entre ambos grupos se intensificaba en vísperas del Día de la Comunitat Valenciana, una fecha que los organizadores del campamento pretendían compartir con normalidad.
El dispositivo policial fue amplio y se desplegó tanto en la plaza del Ayuntamiento como en la plaza de la Reina, a unos quinientos metros de distancia. Las autoridades decidieron trasladar la concentración de Patriam a este segundo espacio para impedir que los dos colectivos coincidieran físicamente. Allí, unas cincuenta personas, mayoritariamente jóvenes, exhibieron banderas de España y emblemas históricos. Algunos asistentes llegaron a realizar el saludo nazi antes de ser escoltados por la policía hacia el Parterre, donde se disolvieron sin incidentes graves.
El acto central de la tarde se centró en la memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de ochenta y siete años que fue desahuciada y falleció en un hospital madrileño. Los portavoces del campamento, Mario y Rafa, la presentaron como el símbolo máximo de la lucha contra los fondos buitre y la especulación inmobiliaria. "Maricarmen fue la gota que colmó el vaso y la chispa que detonó la mecha de todo lo que está pasando ahora", afirmaron. Su muerte, según los acampados, refleja las consecuencias extremas de un modelo de vivienda que deja a las personas mayores sin techo ni alternativas.
Más allá del homenaje, la Acampada València reafirmó su carácter indefinido y su compromiso con la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Los organizadores aclararon que esta medida es solo uno de sus objetivos, pero no el único. Reclaman cambios profundos en las políticas de vivienda, la limitación de grandes tenedores y la protección de los derechos de los inquilinos. El campamento se consolida como un punto de referencia en la protesta social valenciana, manteniendo su presencia en el centro de la ciudad hasta que se escuchen sus demandas.