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La plaza del Ayuntamiento de València se ha convertido en un campamento permanente de protesta, con más de 500 tiendas instaladas en apenas una semana. El espacio, que abarca desde el frente del edificio consistorial hasta la calle de la Sangre, donde se ubica la falla municipal, ha experimentado un crecimiento acelerado. Los acampados, que cumplen su cuarta jornada, han organizado sus actividades mediante asambleas, turnos de vigilancia y espacios de debate, consolidando una estructura autogestionada. La protesta, sin vínculos con partidos ni sindicatos, surge como una movilización espontánea de personas afectadas por la crisis del alquiler y los desahucios.
El Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa María José Catalá, mantiene su postura de celebrar todos los actos del 9 d’Octubre sin modificaciones. Catalá ha insistido en que el consistorio hará todo lo posible para que la festividad se desarrolle con normalidad, destacando que la responsabilidad sobre la concentración recae en la Delegación del Gobierno. Aunque ha mostrado disposición al diálogo, ha dejado claro que no se suspenderán ni reubicarán los actos, incluida la mascletà, que está prevista en la zona ocupada.
Los organizadores de la acampada consideran inviable desalojar toda la plaza para la celebración de la mascletà, pero han expresado su voluntad de permitir la Desfilada de la Senyera. En una reunión de asamblea, decidieron permanecer de forma indefinida y convocaron una rueda de prensa para presentar un manifiesto con sus demandas. Entre ellas destacan la expropiación de viviendas por parte de fondos buitre, la regulación de precios de alquiler, la paralización de desahucios y la garantía de contratos indefinidos.
La tensión crece a medida que se acerca la fecha festiva. Mientras los acampados organizan talleres, lecturas y espacios informativos, el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad con vallas triangulares y tres patrullas de Policía Local. A pesar de la presión, los participantes han rechazado la idea de desalojo, argumentando que el espacio puede albergar tanto la protesta como los actos oficiales. También han pedido el acceso a servicios básicos, como el uso de los lavabos de comercios locales, que han respondido con apoyo a la movilización.
La acampada ha recibido respaldo de vecinos y simpatizantes, muchos de ellos jóvenes que han llegado desde localidades cercanas. La protesta se presenta como un reflejo de un malestar social más amplio, no solo en València sino en toda Europa. Los grupos de oposición, como Compromís y el PSPV, han instado a la alcaldesa a bajar a la plaza para dialogar, subrayando que el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre cualquier celebración. Mientras tanto, la situación sigue en tensión, con la plaza convertida en un símbolo de resistencia frente a una crisis que, según los acampados, no se resolverá con actos festivos, sino con políticas concretas.