El Ayuntamiento de València ha dado un paso clave en la ordenación urbana y la protección del entorno natural. En una sesión intensa del Pleno, se aprobó el avance del Plan Especial de la Malva-rosa, que ahora entra en información pública para recibir alegaciones de vecinos, entidades y administraciones. El proyecto, ya validado ambientalmente, busca facilitar nueva vivienda, recuperar suelos pendientes y mejorar infraestructuras en calles, plazas y zonas verdes. Su marco urbanístico se basa en resultados de talleres, encuestas y aportaciones vecinales, aunque no todos los grupos municipales lo consideran suficiente.
La propuesta ha generado tensiones. Elisa Valía, del PSOE, destacó que el plan no incluye vivienda dotacional, lo que la lleva a cuestionar su capacidad para responder a las necesidades reales del vecindario. Compromís, por su parte, planteó dudas sobre el realojo de las familias de las Casitas Rosa y la posibilidad de nuevos hoteles en la zona. El delegado de Urbanismo, Juan Giner, defendió que el plan cuenta con dos instrumentos diferenciados para el barrio y que no altera la regulación actual, sino que la clarifica. El cambio también incluye la incorporación del PGOU al Plan de Acción Territorial de la Huerta, una normativa autonómica que busca proteger, recuperar y reactivar el suelo agrícola.
La medida, según Giner, integra València en una ordenación metropolitana compartida con otros municipios del entorno. El concejal insistió en que no se crea nuevo suelo urbanizable ni se introduce una nueva regulación, sino que se aclaran los marcos existentes. Además, se reforzó la compatibilidad entre actividad agraria, protección paisajística y recuperación del patrimonio construido. En materia económica, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente modificaciones fiscales para 2027, manteniendo la reducción del 20 % en el IBI urbano y las bonificaciones del 60 % o 90 % para familias numerosas. También se exime de la tasa de vados a entidades de atención a personas con discapacidad y se aplica una bonificación del 50 % en el ICIO para centros especiales de empleo.
La responsable de Hacienda, María José Ferrer Sansegundo, cifró el ahorro anual de estas medidas en al menos 52,4 millones de euros. Sin embargo, PSOE y Compromís cuestionaron el balance, especialmente en torno a la tasa de gestión de residuos y la ausencia de una tasa turística. En el ámbito de emergencias, el Pleno abordó el incendio del Saler y las lluvias del 16 de septiembre. Compromís pidió una comisión de investigación, mientras que el PSOE reclamó revisar la gestión municipal. Finalmente, se aprobó una alternativa del Grupo Popular que reconoce la labor de los servicios de emergencia y exige agilizar la investigación para identificar responsables y reclamar daños. También se insta a continuar los trabajos posteriores al incendio, aplicar recomendaciones del CEAM y reforzar la concienciación y los cortafuegos. En cuanto a las lluvias, se propuso incluir un estudio específico del riesgo en las pedanías dentro de la revisión del plan municipal de inundaciones, con tecnología de vigilancia y simulacros continuos.