El 29 de octubre, el día en que la DANA se desató sobre la comarca del Horta Sud, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, no estuvo al frente de la coordinación operativa. Según su propia declaración ante la Comisión del Senado, estaba 'prostrat, convalescent en el llit' debido a una lumbàlgia severa. A pesar de su estado físico, no se desconectó por completo: atendió parte de las llamadas que llegaron durante las horas críticas, aunque no todas. Su decisión de delegar funciones fue formalizada a la secretaria general de la Subdelegación, quien asumió la gestión en su nombre. Rodríguez Jurado insistió en que la sustitución se ajustó a lo previsto y que la estructura operativa no se vio afectada. Además, ofreció mostrar el registro de llamadas de su móvil, asegurando que no había borrado ni modificado ningún dato. 'Yo no borro el meu telèfon, no el martellege, ni faig res', declaró, reafirmando que su teléfono estaba 'intacte' desde que asumió el cargo.
En paralelo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, compareció ante la comisión de investigación del Congreso y no dudó en calificar la gestión del día como un 'desastre'. 'La gestión fue un desastre; nadie estuvo a la altura', afirmó, reconociendo que ni siquiera las autoridades presentes en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) lograron responder con eficacia. Aunque negó cualquier intención maliciosa, Mompó admitió que el retraso en la activación del sistema Es-Alert se debió a debates técnicos sobre el texto y a una concentración excesiva de alertas en el riesgo de colapso de la presa de Forata, ignorando las advertencias directas de alcaldes como los de Torrent o Chiva sobre la crecida del barranco del Poyo. Su intervención estuvo marcada por tensiones con varios portavoces, quienes le acusaron de evasivas ante la jueza instructora y de incoherencias en el registro de llamadas. En respuesta, Mompó señaló que él estaba en las calles de l'Horta Sud mientras otros estaban en el Congreso, votando.
Las declaraciones de ambos responsables revelan una imagen compleja de la gestión institucional durante la catástrofe. Mientras el subdelegado justifica su ausencia por motivos de salud, el presidente de la Diputación reconoce el colapso del sistema de respuesta. No obstante, ambos coinciden en una postura común: la voluntad de colaborar con la investigación. Rodríguez Jurado se ofreció a aportar datos de su teléfono, y Mompó defendió que había respondido a muchas más preguntas que el Gobierno central. A pesar de las diferencias en tono y enfoque, ambos han puesto sobre la mesa la misma pregunta: ¿cómo es posible que una emergencia de esta magnitud se gestionara con tan poca coherencia, incluso cuando algunos responsables estaban físicamente incapacitados o ausentes? La respuesta sigue pendiente, pero el relato de los hechos ya ha comenzado a desvelar las fisuras del sistema de emergencias en la Comunitat Valenciana.