El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Montanejos en su conflicto con la Generalitat por las ayudas destinadas a la rehabilitación de ocho viviendas de alquiler social.
El origen del litigio se remonta a diciembre de 2021, cuando el consistorio recibió una subvención de 483.915 euros del programa Recuperem Llars para transformar un edificio en ruinas de la avenida Fuente de Baños en ocho viviendas destinadas al alquiler social. Las bases de la convocatoria establecían un periodo de 24 meses para completar los trabajos, pero permitían solicitar una prórroga de seis meses si existían circunstancias ajenas al municipio que impidieran cumplir el calendario previsto.
Sin embargo, la Generalitat no respondió a la petición dentro del plazo establecido y, meses después, rechazó la ampliación argumentando que el periodo de ejecución ya había finalizado. El TSJCV considera que esta actuación no se ajustó a derecho, ya que la Administración tenía la obligación de examinar las circunstancias expuestas por el consistorio antes de resolver. El tribunal señala que «la Administración no puede sacar provecho de su propio incumplimiento» y descarta que pueda aplicarse la prohibición general de ampliar plazos vencidos, puesto que las propias bases de la subvención contemplaban expresamente esa posibilidad.
En consecuencia, el fallo anula la resolución de la Dirección General de Vivienda del 7 de octubre de 2024 y ordena a la Generalitat que vuelva a estudiar la solicitud de prórroga y determine, de manera justificada, si corresponde conceder la ampliación. El consistorio valora el pronunciamiento judicial como un respaldo a su actuación y mantiene su objetivo de recuperar la financiación para avanzar en un proyecto que busca facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a fijar población en el municipio.
La sentencia también cuestiona las acusaciones políticas que rodearon este caso. El Partido Popular de Montanejos responsabilizó al gobierno municipal de la supuesta pérdida de más de 300.000 euros del programa Recuperem Llars, publicando comunicados en mayo y diciembre de 2024 que atribuían el incumplimiento de plazos al consistorio. Ahora, la resolución judicial constata que el Ayuntamiento presentó la petición de ampliación antes de que venciera el plazo y que fue la Generalitat la que no resolvió la solicitud, lo que invalida las críticas de la oposición.