Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm ha permitido identificar siete viviendas turísticas que presuntamente funcionaban sin la licencia administrativa necesaria en el emblemático rascacielos Intempo. La intervención, que tuvo lugar el viernes 30 de octubre, contó con la participación de aproximadamente cuarenta agentes uniformados de ambos cuerpos de seguridad. El dispositivo se centró en realizar registros aleatorios en los apartamentos de las dos torres que componen el edificio, conocidas como Poniente y Levante, con el objetivo de detectar alojamientos que operaran al margen de la normativa vigente.
Para garantizar la seguridad y el orden durante la actuación, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional estableció un control de acceso a personas y vehículos en los alrededores del inmueble. Según el comunicado oficial, la operación transcurre con total normalidad y contó con la plena colaboración de los residentes y los huéspedes presentes en el momento de las inspecciones. En el transcurso de unas pocas horas, los efectivos lograron localizar los siete alojamientos que carecían de la habilitación correspondiente, reafirmando la utilidad de estos dispositivos conjuntos para combatir las irregularidades en el sector turístico.
Estas acciones se enmarcan en las competencias de inspección y sanción que el Ayuntamiento de Benidorm asumió recientemente gracias al Decreto-ley 9/2024 de la Generalitat Valenciana. La normativa autonómica establece el principio de unidad de explotación, exigiendo que la gestión y administración de los alojamientos turísticos recaiga en una única titularidad responsable. Este requisito es fundamental para determinar las responsabilidades administrativas en caso de infracciones, y el Departamento de Comercio del consistorio es el encargado de instruir los expedientes sancionadores derivados de estas irregularidades.
Desde que el municipio asumió estas facultades, se han formulado varias propuestas de sanción por actividades turísticas irregulares. Entre ellas, al menos cuatro multas, inicialmente cuantificadas en 50.001 euros cada una, han sido abonadas por sus responsables. Estos pagos se realizaron acogiéndose a las reducciones previstas por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, lo que supuso una disminución del 50 por ciento del importe inicial. La intervención policial no se limita exclusivamente a comprobar la legalidad administrativa de los alojamientos turísticos. Del análisis de la documentación y de la información obtenida durante las inspecciones, no se descarta la apertura de nuevos expedientes por posibles incumplimientos de otras obligaciones legales, especialmente aquellas relacionadas con el registro documental y la comunicación de los datos de las personas alojadas.