Su propuesta principal exige que los inmuebles recuperen su función residencial y deje de tratarse como un mero activo financiero.
Esta realidad golpea con especial dureza a los estudiantes de la Universitat Jaume I, donde una simple habitación puede costar entre 350 y 400 euros mensuales. Garcia compara esta situación con el pasado reciente: hace apenas tres años, el mismo tipo de alojamiento rondaba los 150 euros. Para una familia que financia los estudios de un hijo, ese incremento representa un desembolso extra de 200 euros cada mes por el mismo espacio.
Ante este panorama, la candidatura valencianista y de izquierdas reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones. Sus propuestas incluyen movilizar las viviendas desocupadas, ampliar la oferta de alquiler asequible y limitar las prácticas especulativas. Garcia recuerda que ya han defendido desde el ámbito municipal aplicar recargos del IBI a quienes mantengan propiedades vacías de forma permanente. Consideran que no tiene sentido que existan miles de familias sin techo mientras otros acumulan inmuebles sin usarlos.
A nivel estatal, la coalición plantea revisar los criterios actuales para definir quién es un gran tenedor de propiedades. Quieren que la regulación tenga en cuenta la concentración de inmuebles en manos de pocos propietarios y su impacto directo en el mercado. Garcia insiste en la necesidad de diferenciar claramente entre una familia que compra una casa para vivir y quien acumula decenas de inmuebles con fines lucrativos. Las políticas públicas no pueden tratar a ambos colectivos por igual.
La formación también apuesta por garantizar que el parque de vivienda asequible permanezca en esa condición de manera permanente. Temen que las viviendas gestionadas con fondos públicos terminen finalmente en el mercado libre a precios inalcanzables para la mayoría.