La Agencia Valenciana Antifraude ha iniciado una investigación sobre los contratos de la Exaltación de las Falleras Mayores de València de 2024. El expediente se abre tras una denuncia presentada por el concejal de Compromís, Pere Fuset, contra la gestión del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa María José Catalá. La sospecha recae en las decisiones adoptadas por Santiago Ballester, concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, en las horas previas a los actos.
La denuncia señala dos tipos de contratos. Por un lado, los servicios técnicos de sonido, luz y grabación. En la edición de 2019, estos servicios se licitaron juntos con concurrencia pública. En 2024, Ballester los fraccionó en varios contratos menores, cada uno justo por debajo del límite que obliga a sacar el servicio a concurso abierto. Además, las empresas tuvieron menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales exigen un mínimo de siete días. Algunas empresas incluso fecharon sus presupuestos dos días antes de que la Junta Central Fallera les pidiera oferta.
Por otro lado, la denuncia afecta a los contratos artísticos, especialmente al musical 'Cineman Sinfónico' de la Exaltación de la Fallera Mayor. Este espectáculo, procedente de Madrid, se adjudicó directamente como contrato privado por razones artísticas, sin concurrencia alguna. El acuerdo se formalizó pocas horas antes del inicio del acto y costó más de seis veces el espectáculo del año anterior. Fuset recordó que el gobierno de Catalá confió en una big band de Madrid para acompañar al cantante Daniel Digés en años anteriores.
La denuncia también apunta a una posible coordinación técnica del acto cuya contratación no aparece en los expedientes. La Junta Central Fallera comunicó por escrito a Compromís que no existía ningún contrato específico de coordinación. Sin embargo, las imágenes de los ensayos muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario. Fuset se preguntó quién pagó esa coordinación y si se pagó por la puerta de atrás.
El Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude. Deberá aportar toda la documentación requerida, responder a cada solicitud de información y aclarar las diferencias entre las respuestas dadas a la oposición y lo que reflejan las imágenes y los expedientes. Fuset afirmó que el PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público.
Esta investigación se suma a otras denuncias sobre la gestión del PP en la Junta Central Fallera y el Servicio de Fiestas. Compromís ha reclamado explicaciones públicas tanto al concejal Ballester como a la alcaldesa. La formación valencianista ha asegurado que continúa recabando documentación sobre otras posibles irregularidades en actos falleros, como el proceso de elección de candidatas a Falleras Mayores, que este año se ha disparado a más de 418.000 euros.