La magistrada de Alicante que instruye la causa por las adjudicaciones de viviendas de protección pública en el Residencial Les Naus ha rechazado las solicitudes de archivo presentadas por las defensas de tres de los dieciocho investigados. En dos autos dictados este miércoles, la instructora considera prematura la petición de sobreseimiento, ya que la investigación no ha concluido y quedan diligencias pendientes de especial relevancia para esclarecer los hechos. Entre estas, destaca un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuya ausencia impide disponer de un cuadro indiciario completo para valorar la tipicidad de los hechos y la posible participación de los investigados.
La jueza subraya que la falta de dicho dictamen impide adoptar una decisión definitiva sobre el devenir del procedimiento sin haber agotado previamente las líneas de investigación necesarias. Considera que cerrar anticipadamente la causa sin contar con todos los elementos requeridos comprometería el adecuado esclarecimiento de los hechos, por lo que aconseja mantener abierta la instrucción hasta que pueda contarse con la información completa. Esta resolución, que no es firme, refleja la necesidad de evitar resoluciones prematuras que pudieran afectar a la correcta formación del juicio instructor.
La causa judicial involucra a un total de dieciocho personas, entre las que se encuentran la exconcejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez, quien también fue adjudicataria de una vivienda, y la exdirectora general del consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino recibieron inmuebles. Ambos cargos fueron dimitidos tras conocerse los hechos, aunque Pérez-Hickman continúa en su puesto como jefa de Contratación. Además, están investigados el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa del residencial, quienes están citados a declarar el próximo 9 de noviembre.
Entre los imputados también figuran funcionarios del Ayuntamiento y de la Conselleria, incluido el responsable de los visados, así como varios adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi. Las solicitudes de archivo rechazadas por la jueza provienen de una arquitecta municipal adjudicataria de un inmueble, pareja de un funcionario de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de esta promoción, y de otros dos beneficiarios investigados. La instructora ha destacado que estas peticiones resultan prematuras al no haberse completado las diligencias objetivamente necesarias para una adecuada valoración de los hechos.