Kenia Moracén, madre de dos hijos pequeños, uno de ellos de siete años con una discapacidad del 95 por ciento, se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional en Valencia. La vivienda, que era su hogar familiar, no es titular de ella, sino de su exmarido, quien, según sentencia judicial, debía hacerse cargo del pago de la hipoteca. Sin embargo, dejó de cumplir con esa obligación, lo que desencadenó una ejecución hipotecaria. Un fondo de inversión, gran tenedor de la propiedad, se quedó con la casa, aunque no se conoce cuándo se dejó de pagar.
Este lunes se celebró en la Ciudad de la Justicia de Valencia el juicio de desahucio por precario. Kenia, asistida por su abogado Jorge Ballester, expuso su situación de vulnerabilidad ante el juzgado. La mujer, víctima de violencia de género, no tiene ingresos y no puede trabajar debido a la carga de cuidar a su hijo con discapacidad. Asegura que recién se enteró de la situación de desahucio y lleva ya un año en una incertidumbre constante: preparando cajas, buscando opciones, temiendo cada día que alguien intente forzar la entrada.
En varias ocasiones, personas que se presentan como representantes de inmobiliarias han intentado acceder a la vivienda, afirmando que está en venta por un precio bajo. Cuando Kenia se niega a salir, han intentado forzar la puerta, diciéndole que son okupas. En estas circunstancias, se ve obligada a encerrarse en una habitación con sus hijos. Siente miedo al salir de casa, ya que sabe que cada día a una hora determinada alguien intenta entrar.
La defensa ha solicitado una suspensión y aplazamiento del juicio hasta que se disponga de una alternativa habitacional. Se ha remitido un oficio al Ayuntamiento de Valencia para que aporte un informe de vulnerabilidad. Se estima que la sentencia tardará entre tres y cuatro meses en dictarse. Mientras tanto, Kenia afirma que no ve humanidad en la sociedad, que ignora lo que ocurre con familias en situación de extrema vulnerabilidad. "Nadie está exento de que el día de mañana le pase lo que está ocurriendo en este caso conmigo o con otras familias", advierte. Su letrado ha llamado a la sociedad a no mirar a otro lado ante una persona en total vulnerabilidad que necesita una vivienda si la sentencia es desfavorable.