El hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia se llenó de emoción y tensión política el lunes, cuando el acto anual de reconocimientos del 9 d'Octubre se convirtió en un foro de reivindicación para Ceuta. La presencia del presidente autonómico de Ceuta, Juan Jesús Vivas, fue el centro de atención. Recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia de manos de la alcaldesa María José Catalá, quien no ocultó su compromiso: «Ceuta es España», sentenció. Vivas, en su discurso, no solo agradeció el gesto, sino que lo transformó en un llamado a la defensa de la integridad territorial, al hablar de la invasión sufrida por más de cien mil personas y del impacto demoledor en la vida de los ceutíes. «Ceuta no se vende y se defiende», afirmó, recibiendo fuertes aplausos. Su mensaje trascendió la ceremonia: el pueblo de Valencia, según él, entendió que lo que está en juego no es solo Ceuta, sino toda España. Catalá reforzó este mensaje, destacando la dignidad del pueblo ceutí y su decisión de no rendirse. El acto también sirvió para honrar a figuras clave de la historia valenciana. El Ayuntamiento entregó el título de Hijo Predilecto a José Ballester Gozalvo, fundador del Levante FC, a título póstumo. Su familia, el club y el ámbito académico asistieron al acto, que marcó el cierre de un proceso histórico iniciado por el Levante UD para cumplir la voluntad de Ballester y su esposa, Teresa Molins, de regresar a su tierra natal. Tras ser exhumados en Francia, sus restos fueron sepultados en el Cabanyal, el barrio donde nació. La alcaldesa destacó que su legado pertenece ahora a la memoria colectiva de la ciudad. En paralelo, el conflicto legal sobre la macroampliación del Puerto de Valencia llegó al Tribunal Supremo. Acció Ecologista Agró presentó un recurso de casación contra la sentencia del TSJCV que avaló la vigencia de la declaración de impacto ambiental de 2007, a pesar de que el proyecto aprobado en 2022 incluye cambios sustanciales: ampliación de dragados, demolición de estructuras existentes y cambio de ubicación de muelles. La plataforma alega que estos cambios generan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, incumpliendo la ley 21/2013, que exige una nueva evaluación. El caso ahora está en manos del Supremo, que decidirá si la DIA de 2007 sigue siendo válida o si se requiere un nuevo procedimiento. El acto del 9 d'Octubre, por tanto, no fue solo una ceremonia de homenajes, sino un reflejo de las tensiones y compromisos que definen la identidad y el futuro de Valencia.