El sol de octubre calentaba las calles de Valencia cuando miles de personas se congregaron en la Porta de la Mar. No era un día cualquiera. Era el sábado 3 de octubre, y la ciudad se preparaba para una manifestación que no iba a pasar desapercibida. Las pancartas ya estaban listas: «Ni gente sin casa ni casas sin gente», «Basta ya ni un desahucio más», «Los inversores son los invasores». La marcha, convocada por Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Palataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València, no era solo una protesta. Era una declaración de guerra contra el negocio de la vivienda.
El objetivo era claro: reivindicar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Pero el clímax llegó cuando la marcha llegó al Palau de Les Arts. Allí, en su interior, se celebraba el Valencia Real Estate Summit 2026, un foro de inversión inmobiliaria que reunía a grandes actores del sector. La ironía no pasó desapercibida. Mientras los inversores discutían sobre rentabilidad, los manifestantes exigían que la vivienda dejara de ser un producto de especulación.
La tensión estalló cuando los participantes rompieron el cordón policial. No hubo aviso. Fue un impulso colectivo. La Policía respondió con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Hubo lanzamientos de vallas, humareda en los alrededores, gritos de «Vergonya» y «La Policía desahucia a las familias». Algunos lograron acceder al recinto, pero fueron desalojados. Otros se quedaron en la zona exterior, donde se produjo una sentada pacífica. El tintineo de llaves, un símbolo de los desahucios, se convirtió en un himno silencioso.
Las organizadoras no se quedaron de brazos cruzados. Andrea Leixos, del Sindicat de Llogateres, anunció que se convocará una huelga general a mitad de noviembre. «Hoy se llama a que se creen comités de huelga en todos los centros de trabajo», dijo. Iker Gallego, de Entrebarris, insistió en que la vivienda debe ser un derecho de primera necesidad. Julia Sandra, de Sindicat Habitatge València, denunció que el rechazo de los decretos fue un ataque a los derechos sociales. «Era una propuesta de mínimos», lamentó, «pero ni eso se aprobó».
La protesta no fue solo una reacción emocional. Fue el resultado de meses de descontento. El rechazo de los decretos por parte del Congreso, con el voto de PP, Vox, Junts y UPN, fue el detonante. Las asociaciones convocantes no descartan nuevas acciones. «Nos vamos a reunir próximamente para ver las próximas acciones», afirmó Leixos. «Vamos a seguir luchando y muy activos.»
La manifestación también contó con la presencia de representantes de UGT, CCOO y CGT, así como de figuras políticas como Giuseppe Grezzi. Aunque la marcha fue pacífica al principio, el final fue de alto voltaje. La policía reforzó el dispositivo, y la tensión no disminuyó. La rotonda quedó dividida: por un lado, los que gritaban «Huelga general»; por otro, los que lanzaban vallas y se defendían con gas y pelotas de goma.
En el fondo, la protesta no era solo contra un congreso. Era contra un sistema que, según los manifestantes, privilegia los intereses de los inversores sobre los derechos de las personas. «No podemos hacer las paces, esto es lucha de clases», se escuchó en más de una voz. El mensaje era claro: si no se actúa, la movilización no se detendrá.