El Ayuntamiento de València ha cerrado un capítulo clave en la regulación del turismo urbano al imponer 138 multas a viviendas que operaban sin cumplir los requisitos legales. El total de sanciones supera los 1,5 millones de euros, fruto de un esfuerzo coordinado tras la delegación de competencias en marzo de 2025. Desde entonces, el consistorio ha abierto 283 expedientes, de los que 138 han concluido con resoluciones firmes. La mayoría de las infracciones se derivan de la falta de requisitos esenciales para ejercer la actividad turística, según el artículo 92.4 de la Ley 15/2018. La normativa prevé multas entre 10.001 y 100.000 euros, y el importe liquidado antes de bonificaciones supera los 1,7 millones. Aunque la recaudación efectiva alcanza solo 461.540 euros, dos sentencias judiciales han confirmado la validez de las sanciones, reforzando la autoridad municipal. Además, se han remitido cien comunicaciones para dar de baja viviendas inscritas que no ejercían actividad real. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha advertido que operar ilegalmente tiene un alto costo. La acción se suma a la normativa urbanística vigente desde mayo de 2025, que limita la concentración de alojamientos turísticos en barrios residenciales. El Ayuntamiento ha reforzado su capacidad de control, tras la adhesión al Convenio Marco con la Generalitat. La estrategia de tolerancia cero se ha consolidado con respaldo judicial y administrativo. El balance refleja una política activa contra el turismo irregular, que afecta a la convivencia y al equilibrio urbano. Las sanciones no son solo económicas, sino también de cese de actividad. El consistorio ha demostrado que la competencia delegada se ejerce con rigor. La ciudad se posiciona como un modelo de gestión municipal en materia turística. La acción no se limita a multar, sino a desactivar registros y reforzar la legalidad. El control se ha intensificado en zonas con mayor presión turística. El resultado es una regulación más estricta y transparente. El Ayuntamiento ha mostrado que la ley se aplica sin excepciones. La ciudad busca equilibrio entre turismo y vida cotidiana. La sanción no es un fin, sino un instrumento de ordenamiento. El mensaje es claro: la legalidad es obligatoria. El sistema ha demostrado su eficacia en la práctica. La ciudad avanza con criterios claros y sanciones reales. El futuro del turismo en València se construye sobre normas, no sobre evasión.